Los ordenamientos jurídicos de los distintos países están conformados por un conjunto de normas que rigen la vida en sociedad: Constituciones, tratados internacionales, leyes y decretos forman el sistema normativo para garantizar la paz y el control social. Conoce la diferencia entre ley y decreto según sus cuatro aspectos fundamentales.
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Según la jerarquía
Hans Kelsen, filósofo y catedrático de la Universidad de Viena, definió el sistema jurídico de jerarquía de las normas, a través de lo que se conoce como la pirámide Kelsiana. Allí, se ubica la Constitución Nacional en la cúspide o punto más alto de la pirámide, configurándose como la norma suprema. Seguida de las leyes, en un segundo tramo; y más abajo, otros conjuntos normativos como las resoluciones, decretos y reglamentos.
La jerarquía también permite distinguir entre leyes, que pueden tener distintos rangos. Así se encuentra la diferencia entre ley ordinaria y ley orgánica, la segunda se ubica por encima de la primera.
Por otro lado, se evidencia también una principal diferencia entre ley y decreto según la jerarquía. Según la posición dentro de la pirámide de Kelsen, la ley se encuentra por encima de los decretos, los cuales tienen un rango menor.
No obstante, existen algunos decretos que pueden ubicarse en el mismo rango y posición jerárquica que una ley. Es el caso del decreto ley y decreto legislativo que son dictados por el Poder Ejecutivo, por vía de excepción, en virtud de una necesidad extraordinaria o por vía de habilitación o autorización de parte del Poder Legislativo, y pueden tener rango y fuerza de ley.
Pero, ¿cuál es la diferencia entre decreto legislativo y decreto ley en España? Los primeros son emanados del Ejecutivo, conforme a una habilitación específica y puntual por parte de las Cortes Generales. Los decretos ley, por su parte, son dictados por el Ejecutivo en virtud de una necesidad urgente y extraordinaria, sin que medie la autorización de las Cortes Generales.
También existe una diferencia entre real decreto y ley en cuanto a la jerarquía. El primero tiene rango de reglamento, y por lo tanto, se encuentra por debajo de las leyes. La misma distinción jerárquica rige entre real decreto y decreto ley o decreto legislativo.
Diferencias en el contenido
El contenido de las leyes y decretos son otros de los aspectos diferenciadores entre ambos textos oficiales. Las leyes contienen normas de carácter general y abstracto, que buscan regular la conducta de las personas con el objeto de garantizar la paz social y la armonía en la sociedad. Algunas leyes establecen multas y sanciones, como las leyes penales y tributarias. Otras establecen un marco normativo para que sea desarrollado o reglamentado por otras leyes especiales o reglamentos, según sea el caso.
En contraposición, el contenido de los decretos es de carácter reglamentario, en la mayoría de los casos, y comprenden una decisión administrativa del órgano que los ordena y versa sobre la materia en la cual es competente.
Algunos decretos tienen una función organizativa, y en algunos países se les conoce como decretos autónomos, y son aquellos dictados para la organización interna de un Ministerio, por ejemplo, o por el nombramiento de cargos, etc. En España, se distingue los el decreto legislativo, el real decreto y el decreto ley del resto de los decreto.
Por otro lado, otra diferencia entre leyes y decretos legislativos y decretos leyes en cuanto al contenido, se refiera a la materia que pueden regir. Mientras las leyes regulan un amplia variedad de temas y materias, los decretos leyes y decretos legislativos solo pueden dictar normas sobre materias concretas y, algunos casos según los parámetros habilitados para ello.
Según alcance
Las leyes tienen un mayor alcance que los decretos, y esto es otra diferencia entre decreto y ley nacional. En ese sentido, las leyes tienen un carácter general y abstracto; rigen para un gran número indeterminado de personas. En la mayoría de los casos, tienen perdurabilidad en el tiempo, es decir se mantienen vigentes por periodos indeterminados. Su rango de aplicación normalmente rigen para todo el territorio en el cual fueron dictadas: en todo el país si se tratan de leyes nacionales, o en la región, si son leyes locales.
Por su parte, los decretos pueden ser más específicos en el tiempo y espacio. Muchos son dictados para casos concretos y para personas determinadas. De las diferencias entre decreto ley y decreto legislativo según su alcance se distingue que los primeros tienen un carácter extraordinario y, por lo tanto excepcional, mientras que los segundos están limitados por las leyes ordinarias.
Por el órgano o poder emisor
El órgano o poder emisor estable una gran diferencia entre decreto, ley y real decreto. En la división de poderes de un Estado democrático, la Constitución establece las atribuciones de los distintos poderes centrales. El Poder Legislativo, salvo contadas excepciones, tiene la exclusividad de dictar y sancionar leyes, conforme a los procedimientos establecidos para ello.
Por lo tanto, una diferencia entre ley y decreto radica en el órgano que los dicta. Mientras la ley es dictada por el Congreso, el decreto es emanado del Poder Ejecutivo, ya sea que se trate de un decreto ley o de un decreto legislativo.
La participación de las Cortes generales en España diferencia decreto ley y decreto legislativo en el sentido, en que el primero no requiere de su intervención, mientras que el decreto legislativo necesita la autorización de las Cortes.
La principal diferencia entre ley y real decreto radica básicamente en el órgano que lo dicta. Por un lado, la ley es dictada por el órgano legislativo, de acuerdo con el procedimiento de creación de leyes, mientras que el real decreto es emanado del Gobierno, bien por el Presidente o bien por el Consejo de Ministros, y es refrendado por el Rey.
En conclusión, se pueden distinguir entre leyes y decretos según su jerarquía, su alcance o dependiendo del órgano que los emite. Aun así, y con independencia de la diferencia entre ley y decreto o la diferencia entre ley y reglamento, estos cuerpos normativos tienen carácter obligatorio sobre los ciudadanos para garantizar el control y la paz social.
