El Ejecutivo español ha creado un nuevo órgano destinado a diseñar estrategias y mecanismos para prevenir y combatir las prácticas irregulares en el sector sanitario.
El Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria, constituido mediante orden ministerial publicada el pasado viernes, tiene como objetivo principal impulsar y coordinar una política de integridad en el ámbito de la sanidad pública.
En un plazo de tres meses, este organismo iniciará su funcionamiento con la finalidad de abordar una problemática que ha generado preocupación en los últimos años.
Su creación responde a la necesidad de incorporar mecanismos sólidos de prevención contra la corrupción sanitaria, en línea con las acciones emprendidas por el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado (SIAGE).
El Observatorio estará presidido por el titular del Ministerio de Sanidad y contará con la participación de altos cargos del departamento.
Como lo es la Secretaría de Estado de Sanidad, la Subsecretaría y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
Así como también el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, y la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud.
Entre sus funciones principales, el nuevo órgano deberá proponer mejoras en materia de contratación pública, impulsar buenas prácticas de transparencia, velar por la formación del personal en la estrategia anticorrupción y promover la sistematización del seguimiento de contratos.
Asimismo, estudiará los posibles conflictos de intereses y propondrá cambios legislativos para evitarlos, además de fomentar el conocimiento de los canales de denuncia dentro del Ministerio.
En el ámbito de la prevención, el Observatorio buscará incorporar cursos específicos sobre la materia en el Plan de Formación del Departamento y recomendar actuaciones en el ámbito de la contratación.
En cuanto al sistema de alertas, impulsará herramientas para la elaboración de mapas de riesgos y la mejora en la calidad de los datos.
Uno de los objetivos clave será impulsar la creación de sistemas de reconocimiento de las mejores prácticas antifraude en el sector sanitario.
Además, se promoverá la colaboración con entidades u organismos públicos o privados que tengan funciones de vigilancia.
También se tomarán en cuenta los organismos de supervisión o control en materias de contratación pública o prevención de la corrupción.
La colaboración también se extenderá al ámbito europeo e internacional, involucrando a la Comisión Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), la Red de Autoridades Europeas de Integridad y Denuncia de Irregularidades (NEIWA) y la Red europea de fraude y corrupción en la atención sanitaria (EHFCN).
«El funcionamiento y desarrollo de este órgano será atendido con los medios materiales y personales del Ministerio, por lo que su actuación no supondrá gastos adicionales a los previstos en las dotaciones presupuestarias del mismo ni incremento de gasto público», afirmó un portavoz del Gobierno.
