En un esfuerzo por mitigar el impacto de la prolongada sequía en Cataluña, el Govern ha anunciado un conjunto de medidas destinadas a garantizar la continuidad de actividades económicas cruciales y proteger los medios de vida de los agricultores y ganaderos.
Esta decisión marca un giro significativo en la gestión de los recursos hídricos de la región.
El Govern autoriza desalinizadoras privadas móviles para impulsar sectores económicos clave.
El punto focal de las nuevas disposiciones gira en torno a la autorización de desalinizadoras privadas móviles, una medida que busca impulsar sectores económicos clave, como el turístico. Estas instalaciones desalinizadoras, financiadas por el sector privado, servirán como complemento al sistema de abastecimiento habitual y su uso estará estrictamente limitado al mantenimiento de actividades económicas y la preservación de puestos de trabajo.
Si bien el Govern aún no ha recibido propuestas formales, se conoce el interés del sector hotelero en Lloret de Mar, Girona, por implementar estas soluciones. No obstante, la oportunidad está abierta a cualquier actividad con financiación privada, siempre y cuando cumpla con las normas establecidas por la Agencia Catalana del Agua (ACA).
Josep Vidal, secretario general de Acción Climática, enfatizó que todos los proyectos de desalinizadoras deberán ser aprobados por la ACA y, en caso de requerir su instalación en espacios públicos, también deberán contar con la aprobación de los ayuntamientos o las administraciones competentes.
Además, los promotores deberán justificar la necesidad de estas instalaciones para garantizar la continuidad de sus actividades económicas y la preservación de empleos.
Estas desalinizadoras podrán ser utilizadas por cualquier sector económico, lo que significa que, en el ámbito turístico, donde actualmente se concentra la mayor demanda, podrán ser empleadas para llenar piscinas, una actividad que generalmente está prohibida en la fase de emergencia por sequía.
No obstante, los interesados deberán acreditar que han realizado los ahorros de agua establecidos por el plan de sequía en toda su actividad, que en el caso del turismo es del 25%.
Se flexibilizan las restricciones al agua para proteger la ganadería y la agricultura.
En respuesta a las demandas de agricultores y ganaderos, el Govern ha introducido cambios «quirúrgicos» en las restricciones al agua para dar respuesta a las necesidades del sector primario, pese a la situación de sequía extrema. Estas modificaciones tienen como objetivo evitar que ningún agricultor se vea obligado a abandonar su actividad debido a la falta de agua y garantizar la supervivencia del ganado y la viabilidad económica de las explotaciones.
En el ámbito ganadero, no se aplicará la reducción del 50% en el uso de agua establecida en el plan de sequía en fase de emergencia, en aquellas explotaciones cuya actividad se base en hembras reproductoras. Para otros casos, como el ganado de engorde destinado al matadero, se aceptará que la explotación quede vacía durante un período de tiempo para lograr el ahorro de agua requerido y luego pueda ser rellenada al 100%, evitando así la pérdida de cabezas de ganado.
En cuanto a la agricultura, la reducción del 80% en el uso de agua vigente en el plan de sequía no será efectiva en explotaciones de cultivos leñosos o permanentes. En su lugar, los agricultores podrán reducir su consumo en un porcentaje que consideren suficiente para garantizar la supervivencia de sus plantaciones.
Estas medidas reflejan los esfuerzos del Govern por equilibrar la preservación de los recursos hídricos con las necesidades de sectores económicos vitales y la protección de los medios de vida de los productores agrícolas y ganaderos. Sin embargo, su implementación efectiva requerirá un seguimiento riguroso y una evaluación constante para garantizar su éxito a largo plazo.
«Comprender la magnitud del desafío que representa la sequía y actuar con determinación para salvaguardar nuestros recursos naturales y nuestras actividades económicas es fundamental en estos tiempos críticos»,
declaró Patrícia Plaja, portavoz del Govern, reflejando el enfoque proactivo adoptado por las autoridades catalanas.
