En un informe preliminar titulado ‘Irregularidades en la aplicación del baremo de discapacidad’, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha revelado que más del 76% de las personas aguardan más de seis meses para obtener la valoración del grado de discapacidad.
Este estudio, realizado en el marco del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, arroja luz sobre las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad en España.
El informe, basado en una encuesta a más de 600 personas de todo el país, destaca varias irregularidades significativas.
En el 60% de los casos, no se ha tomado en cuenta la afectación en la vida diaria de los individuos, ignorando aspectos cruciales como el esfuerzo requerido para realizar actividades básicas o el grado de dolor experimentado.
Además, el 55,5% de los encuestados reporta que durante el proceso de valoración no se han considerado todas las pruebas e informes aportados, y el 63% señala que tampoco se han evaluado sus múltiples enfermedades o trastornos.
Según COCEMFE, desde la implementación del nuevo baremo de discapacidad, se ha producido un aumento del 6% en el número de personas que no logran alcanzar el grado mínimo para obtener el reconocimiento de una discapacidad (33%).
Esta situación es preocupante, ya que obtener la valoración del grado de discapacidad es la «puerta de acceso» al sistema de derechos establecidos en España para las personas con discapacidad.
Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE, ha destacado que «sin una aplicación integral del nuevo baremo se está incumpliendo la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad».
Además, ha señalado la existencia de una «carencia significativa» de recursos y formación para el personal encargado de la valoración, lo que provoca que las personas estén siendo «mal valoradas» y no puedan acceder a los recursos dirigidos a promover la igualdad de oportunidades.
La entidad denuncia la "falta de equidad y de cohesión territorial", ya que según el lugar de residencia, las personas tienen derechos diferentes.
Ante esta situación, COCEMFE exige la aplicación «inmediata» y «de manera integral» del nuevo baremo de discapacidad, que garantice una «valoración adecuada y equitativa para todas las personas».
Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 aseguran que están realizando una auditoría del despliegue del baremo con los propios equipos de valoración para tener datos.
En base a esta auditoría, tomarán decisiones en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales, ya que las comunidades autónomas son las competentes en esta materia.
El Gobierno, en una respuesta parlamentaria, indica que «no resulta posible» eliminar «por completo» las cifras de la lista de espera, pero celebra que las mismas han sufrido una «importante» reducción a nivel nacional.
En el periodo de diciembre de 2019 a marzo de 2024, el número de personas a la espera de su valoración ha disminuido en un 19,32%, pasando de 159.193 a 128.434 personas.
Asimismo, el número de personas ya valoradas pendientes de la aprobación de su prestación ha descendido de manera «considerable», de 269.854 a 150.621 personas (una disminución del 44,18%).
