Cualquier proceso de extradición comienza con una solicitud internacional de arresto emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) atendiendo a la llamada de un país para enjuiciar o condenar a una persona. Dicha petición es emitida en diferentes estados que colaboran entre sí para capturar al presunto criminal.
España se rige por la Ley de Extradición pasiva (LEP), por lo que cualquier tramitación legal debe tener cumplimiento en estas leyes y en los convenios de los países implicados en el proceso. Los requisitos para dar cumplimientos a la solicitud de extradición son: documentos que justifican la petición, datos de identificación del requerido y copia de las leyes penales que regulan los delitos cometidos.
En vista de que no todas las solicitudes proceden, la experiencia es importante para hallar posibles causas de denegación. Los que necesiten asesoría legal al respecto pueden contratar abogados penalistas expertos en extradiciones como los de Chabaneix Abogados Penalistas.
Los delitos políticos son aquellos que van en contra de la forma de gobierno con la que se rige un país y se manifiestan como rebeliones, motines, sediciones y la conspiración para cometerlos. Este impedimento se encuentra reflejado en Tratados desde 1882.
La integridad es un derecho inviolable. Cuando el Estado que reclama no garantiza que la persona extraditada no va a perder la vida y no va ser sometida a castigos, torturas o actos degradantes, no se concede la extradición.
Si la demanda se emite cuando el reclamado es menor de edad, entonces es denegada.
Las infracciones leves no proceden como caso de extradición. Para que una pena o condena proceda debe ser mayor a un año de prisión.
Los delitos prescriben cuando ha pasado cierto tiempo desde que se actuó ilícitamente. Si el tiempo que ha pasado es mayor al periodo en el que debió cumplir su condena, la extradición no procede.
No procede ninguna extradición donde el solicitado esté siendo juzgado por el mismo delito dentro del estado requerido.
Si la solicitud está motivada a castigar por opiniones o verdades dichas a través de medios de comunicación social, en aras del ejercicio de la libertad de expresión, la extradición será denegada.
El asilo es una forma de protección dada a un refugiado que, por temas de religión, género, orientación sexual, grupo social u opinión, se encuentra fuera de su país natal para que su vida no peligre. En estos casos tampoco se aplica la extradición.
Para que la extradición sea aceptada, el acto cometido debe ser un delito en ambos países. Si en el estado requerido no es delito, no procede.
Estos puntos han sido mencionados a modo informativo. La materia de extradición tiene una mayor profundidad y amplitud en el procedimiento legal, por lo que siempre y en cualquier caso, la mejor solución para hacer frente a un caso de extradición es contratar los servicios de un buen abogado penal.