El estado de bienestar en el que vivimos hoy en día garantiza que todos y cada uno de nosotros disfrutemos de una serie de servicios básicos que incrementen los índices de calidad de vida personales.
Sin embargo, no todos los individuos atraviesan la misma situación y, mediante recursos legales como la Ley de Dependencia, quienes lo necesitan reciben un apoyo adaptado a sus limitaciones.
Sin embargo, como en cualquier otro proceso administrativo, es importante conocer en detalle esta ley, sus requisitos y cómo llevar a cabo la solicitud del grado de dependencia correspondiente.
En qué consiste la Ley de Dependencia
La Ley de Atención a las Personas en Situación de Dependencia, más conocida como Ley de Dependencia, es una norma con la que se garantizan los derechos de las personas que necesitan un apoyo en su rutina.
Bien sea por edad, enfermedad o discapacidad, este recurso cubre las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) de forma integral, ofreciendo a estos individuos los servicios suficientes como para que vean sus requerimientos de bienestar cubiertos en plenitud, con independencia de si hablamos de recursos profesionales o de prestaciones económicas.
Puesto que no todas las personas que sufren una limitación en términos de autonomía son iguales, la Ley de Dependencia se adapta con precisión a múltiples perfiles.
Para ello, se han diseñado tres grados de dependencia según la situación que se padezca en cada caso. Estas son las categorías en cuestión:
- Grado 1. El grado de dependencia moderada recoge a aquellas personas que necesitan un apoyo en las ABVD al menos una vez al día.
- Grado 2. La dependencia severa o Grado 2 implica que el individuo, a pesar de no requerir un cuidador permanente, sí necesita esta figura dos o tres veces al día.
- Grado 3. El grado de gran dependencia es el más severo que, fruto de la pérdida absoluta de la autonomía física, mental, sensorial o intelectual, hace que el individuo necesite un apoyo continuo.
Gracias a esta clasificación y a la Ley de Dependencia en general, quienes lo requieren reciben ayudas económicas y atención para mantener su calidad de vida en la medida de lo posible.
Unos recursos que incluyen la atención en residencias de mayores y centros de día, ayudas para el cuidado a domicilio o los servicios de teleasistencia, entre muchos otros.
Procedimientos para solicitar el grado de dependencia
La Ley de Dependencia, al igual que la gestión de cualquier otro trámite administrativo, requiere superar una serie de procedimientos con la máxima eficiencia.
Ante tal realidad, no es extraño que las agencias especializadas en esta normativa desempeñen un rol central en el bienestar de las personas, acelerando todos los pasos que se deben suceder en este tipo de labores: desde la evaluación inicial para determinar el grado de dependencia hasta la resolución final. Pero, ¿cuáles son exactamente los aspectos más relevantes en este procedimiento?
Todo comienza con la solicitud ante los servicios sociales, aportando toda la documentación correspondiente para acreditar el estado de salud del individuo.
Tras una evaluación inicial por parte de un equipo de expertos, se determina el grado de dependencia, empleando el conocido como Baremo de Valoración de Dependencia o BVD.
Este sistema asigna una puntuación a cada clasificación y, tras dictaminar la capacidad del solicitante para realizar sus actividades diarias, se le asigna en el grado adecuado.
Lo cual se certifica mediante el dictamen técnico para, tras su revisión por la Dirección General, emitir una resolución formal con su respectivo Programa Individual de Atención o PIA.
Según el grado de dependencia obtenido, los servicios y prestaciones varían considerablemente.
Debido a ello, resulta indispensable garantizar que el individuo entre en el grado correcto, consiguiendo los apoyos que más se ajustan a su situación en particular.
Motivo por el que las agencias especializadas en la tramitación de estas ayudas sean esenciales, evitando que un error administrativo ponga en jaque la calidad de vida de las personas.
