Con 198 votos a favor y 140 abstenciones, el Congreso aprobó la iniciativa presentada por el PSOE en la que insta al actual Gobierno a poner en marcha los trámites para la retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Tanto PP como ERC se abstuvieron en la votación.
No obstante el resultado, la iniciativa tendrá que esperar al estudio previo de una comisión sobre las posibles medidas jurídicas que los herederos de Franco pudieran interponer ante la propuesta.
Además, al no tratarse de una proposición de ley, el Ejecutivo no tiene obligación legal de darle rápido cumplimiento, ya que esta propuesta no figura en la Ley de Memoria Histórica y, por tanto, resulta no vinculante.
Cambiar los significados
Cabe recordar que el Estatuto Legal, aprobado bajo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, estableció en su artículo 16 que el Valle de los Caídos deja de ser un monumento funerario político para regirse por las normas que afectan a cementerios y lugares de culto públicos.
El objetivo del PSOE con la salida de los restos de Franco (así como con la reubicación en la basílica de los restos de José Antonio Primo de Rivera), es que el Valle de los Caídos sea dotado de un nuevo significado dentro de la sociedad española, que sirva como espacio de reconciliación, así como de reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil y del periodo franquista.
Isabel Rodríguez, portavoz adjunta del grupo parlamentario PSOE, instó al gobierno a cumplir con el mandato del Congreso y recomendó a la familia Franco planificar y preparar la reubicación de los restos del dictador.
Respaldos precarios
En cuanto a la votación, PP se negó a emitir su voto ya que consideró que esta medida legislativa rompe el compromiso clave asumido durante la Transición, que obliga a no utilizar la historia como arma política.
ERC también se abstuvo al considerar la propuesta insuficiente, al igual que Unidos Podemos que, finalmente, sí emitió su voto a favor, así como también Ciudadanos.
PP y ERC dieron su espaldarazo a la iniciativa de los socialistas, mientras que PDeCAT y PNV concedieron un respaldo «crítico» a la medida.
El objetivo del PSOE es obligar al Gobierno a aplicar la Ley de Memoria Histórica, con el polémico añadido de la salida de los restos fúnebres, después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy retirara los fondos para su ejecución bajo el argumento de la precariedad económica del país.
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