El ministerio del trabajo y el CERMI llegan a un acuerdo para derogar el despido automático por incapacidad permanente

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, junto al presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, han establecido un acuerdo crucial este miércoles: derogar el despido automático por incapacidad permanente.

El acuerdo firmado tiene como objetivo proteger a las personas con incapacidad permanente frente al despido automático, tal como establece el artículo 49.1 e) del Estatuto de los Trabajadores, vigente en la actualidad.

Según fuentes del departamento de Díaz, este acuerdo refleja el «pleno compromiso» del Gobierno con la defensa y desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad, la eliminación de las desigualdades y la discriminación y su integración real en todos los ámbitos de la sociedad. 

Esto permitirá derogar el reconocimiento de incapacidad permanente como causa de extinción automática de la relación laboral para una persona trabajadora.

El acuerdo con CERMI se suma a otros logros en materia de incentivos y a la elaboración del Libro Blanco sobre el Empleo y la Discapacidad. Además, se han adoptado medidas para favorecer la contratación de personas con capacidad intelectual límite, resultado del trabajo conjunto.

La vicepresidenta segunda ha afirmado que esta etapa de gobierno es crucial para completar las pautas estructurales de crecimiento de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, evitando cualquier atisbo de autocomplacencia o triunfalismo.

Por su parte, Pérez Bueno ha destacado la importancia histórica de este acuerdo, especialmente en un contexto en el que la discapacidad sobrevenida se presenta de manera inesperada y traumática, sacudiendo las vidas de las personas y su entorno.

La coordinadora del Libro Blanco de Empleo y Discapacidad, María José Romero, ha expresado que esta iniciativa legislativa responde a una de las numerosas peticiones del documento, constituyendo una gran oportunidad y un buen ejemplo para que todas las personas tengan el mismo espacio social. 

María José Romero también enfatizó el papel de la sociedad civil en la promoción de este tipo de medidas inclusivas.

El evento contó con la presencia de otras autoridades como el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino y el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín.

Actualmente, según datos de Trabajo, el 35,3% de las personas con discapacidad forman parte de la población activa y representan el 1,58% de las personas afiliadas a la seguridad social.

En 2014, había 191.666 personas trabajadoras con discapacidad, una cifra que ha aumentado en un 70% en la actualidad.

El ministerio también destaca la brecha de género en la afiliación, donde hay un 58,42% de hombres frente al 41,58% de mujeres, superando la desigualdad en la afiliación en general.