En los primeros cuatro meses del año en curso, el sistema de la Seguridad Social ha experimentado un notable descenso en su déficit presupuestario. 

Las cifras reveladas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones muestran que el saldo negativo alcanzó los 27 millones de euros, una reducción del 94,5% en comparación con los 497 millones de euros registrados en el mismo período del año anterior.

Este significativo recorte del déficit se atribuye principalmente al aumento de los ingresos percibidos por la Seguridad Social. 

Hasta abril, los ingresos totales ascendieron a 64.500 millones de euros, lo que representa un incremento del 10,2% en relación con el mismo período del año precedente. 

En contraste, el gasto total se situó en 64.527 millones de euros, reflejando un aumento del 9,3%.

Una de las principales fuentes de ingresos para la Seguridad Social son las cotizaciones, las cuales alcanzaron los 54.140 millones de euros hasta abril, un 7,9% más que en el mismo período de 2023 y un notable 32,5% más que en 2019, año previo a la pandemia. 

Estas cifras sugieren una recuperación sostenida del mercado laboral y una mayor contribución de los trabajadores al sistema.

Otro factor clave en el aumento de los ingresos es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), vigente desde el 1 de enero de 2023. 

Este mecanismo ha registrado un incremento interanual del 69,3%, alcanzando 1.148 millones de euros. 

Su objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo al distribuir equitativamente las cargas financieras entre diferentes generaciones.

En cuanto a los datos correspondientes al mes de marzo, los Fondos de Seguridad Social, incluyendo el sistema principal, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y el Servicio de Empleo Público Español (SEPE), arrojaron un saldo positivo de 1.455 millones de euros en términos de Contabilidad Nacional.

Los expertos en economía y política social han resaltado la importancia de este logro, ya que un sistema de seguridad social sólido y equilibrado es fundamental para el bienestar de los ciudadanos y la estabilidad económica del país. 

No obstante, también han advertido sobre los desafíos a los que se enfrenta el sistema, como el envejecimiento de la población y la necesidad de adaptarse a los cambios demográficos y laborales.

Uno de los principales retos es garantizar que los ingresos del sistema sigan siendo suficientes para cubrir las obligaciones futuras. 

Esto implica fomentar el empleo y la formalización laboral, así como explorar nuevas fuentes de financiación y revisar periódicamente las tasas de contribución y los requisitos para acceder a las prestaciones.

Además, se ha enfatizado la importancia de una gestión eficiente y transparente de los recursos de la Seguridad Social, con el fin de minimizar el despilfarro y asegurar que los fondos se utilicen de manera óptima para beneficiar a los ciudadanos que más lo necesitan.

En este sentido, el gobierno ha anunciado su intención de implementar una serie de reformas y medidas destinadas a fortalecer la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Estas incluyen incentivos para promover el empleo de calidad, programas de formación y capacitación laboral, y la modernización de los servicios y procesos administrativos.

El Ministerio de Consumo de España ha impuesto una multa récord de 150 millones de euros a cuatro aerolíneas de bajo coste – Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea – por prácticas consideradas abusivas, tras meses de investigación iniciada por denuncias de asociaciones de consumidores.

La medida sin precedentes en el sector aéreo español prohíbe a estas compañías cobrar suplementos por el equipaje de mano que los pasajeros llevan a bordo.

En un comunicado emitido el jueves 30 de mayo de 2024, el Ministerio confirmó que los expedientes abiertos en el verano de 2023 revelaron infracciones graves relacionadas con la falta de transparencia en la información precontractual sobre precios finales.

Estos hacen referencia a cobros injustificados por reserva de asientos contiguos para grupos vulnerables como menores y dependientes, negativa a aceptar pagos en efectivo en aeropuertos por servicios adicionales, y principalmente, el cobro abusivo por transportar equipaje de mano en la cabina de los aviones.

La resolución administrativa, que puede ser recurrida por las aerolíneas afectadas, determina que el equipaje de mano es un elemento indispensable del transporte aéreo de pasajeros y, por tanto, no puede ser objeto de cobros extra.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) celebró la decisión, afirmando que refuerza los derechos de los consumidores y pone fin a una práctica que consideran abusiva.

Por su parte, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que representa al 85% del tráfico aéreo en España, rechazó enérgicamente la multa millonaria. 

En un comunicado, ALA advirtió que la medida perjudicará a los consumidores al eliminar la opción de contratar solo los servicios que necesitan, obligando a casi 50 millones de pasajeros que viajan sin equipaje de mano a pagar por servicios que no utilizan.

La asociación defendió la política tarifaria de las aerolíneas, argumentando que se ajusta a la normativa europea sobre libertad de fijación de precios. 

Su presidente, Javier Gándara, anticipó que las compañías presentarán recursos de alzada ante la propia Administración y no descartaron acudir a la vía judicial, convencidos de que los tribunales les darán la razón.

Las fuentes del Ministerio revelaron además que la investigación halló indicios de otras prácticas irregulares por parte de las aerolíneas multadas. 

Entre ellas, se detectaron casos de discriminación en la asignación de asientos, dificultando que familias con menores y personas con movilidad reducida pudieran sentarse juntas sin pagar suplementos adicionales.

Asimismo, se constató falta de claridad en la información brindada a los usuarios durante la contratación de los vuelos, ocultando montos por servicios complementarios que luego aparecían en el pago final. 

Esto generaba confusión y situaciones incómodas para los pasajeros al momento de abordar las aeronaves.

Desde la OCU se resaltó la importancia de la transparencia y claridad en la comercialización de los servicios aéreos.

 «Los consumidores tienen derecho a conocer de antemano todos los cargos que deben asumir, sin engañosas promociones que luego se convierten en un costoso boleto al que se siguen sumando conceptos no informados adecuadamente», expresó el portavoz de la entidad, Fernando Cabrera.

Mientras se resuelven los recursos, que podrían demorar meses, las aerolíneas podrán mantener su política actual de cobros por equipaje de mano. 

Gándara advirtió que la noticia podría generar confusión entre los pasajeros, quienes podrían acudir a los aeropuertos creyendo que estos cobros ya no están permitidos.

En medio de la polémica, asociaciones de consumidores como Facua y Asufín instaron a los afectados a reclamar la devolución de los cargos extra pagados hasta ahora, confiando en que la sanción sirva para frenar las prácticas abusivas de las aerolíneas.