En un esfuerzo por monitorear y anticipar la inseguridad alimentaria en España, la organización Acción contra el Hambre ha desarrollado un innovador sistema de seguimiento y alerta temprana. Este mecanismo, que se implementará durante los próximos dos años en la Comunidad de Madrid, permitirá rastrear la incidencia del ‘hambre invisible’ por regiones y facilitar una respuesta oportuna de las entidades sociales, de salud y políticas a nivel local.
El sistema permitirá rastrear la incidencia del 'hambre invisible' por regiones y facilitar una respuesta oportuna.
Este avance tecnológico fue presentado en el encuentro ‘El hambre invisible en España: el reto de medir y reducir la inseguridad alimentaria’, celebrado en Madrid y que congregó a expertos nacionales e internacionales en nutrición, salud e inseguridad alimentaria.
El evento sirvió como plataforma para abordar la preocupante situación del ‘hambre invisible’ en el país, una problemática que actualmente carece de medidores estandarizados y estadísticas oficiales que permitan prevenir y diseñar políticas públicas efectivas.
Más del 26% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.
Según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), más del 26% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.
Esta alarmante cifra, que representa a una de cada cuatro personas, revela una realidad en la que los ingresos bajos, la privación material severa y la baja intensidad de empleo inciden directamente en la inseguridad alimentaria.
Durante la bienvenida institucional, el director de Ingeniería Técnica y Acción Social España de Acción contra el Hambre, Luis González, subrayó la existencia de una «inseguridad alimentaria estructural» en España que se encuentra invisibilizada y cuyas causas son complejas y variadas, requiriendo un análisis sistémico que vaya más allá de la relación causa-efecto.
En este sentido, González resaltó la necesidad de tomar medidas como proteger los sistemas de protección social, garantizar el acceso a una renta mínima para todas las personas, promover la integración de un enfoque saludable en las políticas de empleo, garantizar el acceso a alimentos básicos y realizar campañas de alimentación saludable, entre otras acciones.
La primera mesa de debate se centró en explicar las manifestaciones y las consecuencias para la salud de la inseguridad alimentaria en contextos de rentas altas, donde el acceso a la alimentación parece ser la norma general.
Alma Palau, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas y Nutricionistas entre 2013-2023 y coordinadora de la Clínica de Nutrición y Dietética de la Universidad Católica de Valencia, destacó que:
«en la actualidad hay una gran desnutrición y no solo tenemos que tender al hambre 0, sino también a la desnutrición 0. Cada vez hay más alimentos insanos que derivan en malnutrición por exceso y por defecto».
La siguiente ponencia abordó la importancia de los sistemas de vigilancia y los indicadores estandarizados como herramientas para monitorizar la inseguridad alimentaria y prevenirla.
Carlo Cafiero, desarrollador de la ESCALA FIES (Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria) y estadístico senior de la ONU para la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), junto con Ana Moragues-Faus, doctora en economía agrícola, sociología rural y política alimentaria, y Pablo Soriano, responsable de proyectos de Acción Social en Acción contra el Hambre, explicaron cómo estos sistemas permiten orientar la asignación de recursos y políticas públicas de forma más eficiente.
Finalmente, la última mesa acogió a Hélène Pasquier, integrante de la red CALP (Caja de Herramientas para el Empoderamiento y la Protección) y responsable de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida de Acción contra el Hambre, y Elena Carrillo, investigadora y profesora titular de Salud Pública en la Universidad Ramón Llull. Ambas expertas dialogaron sobre las transferencias monetarias como una herramienta directa para combatir la inseguridad alimentaria en las familias, al tiempo que impulsan las oportunidades de empleabilidad.
