El Tratado de Lisboa, aprobado el 13 de diciembre de 2007 en la capital portuguesa, por detentar ese país la presidencia de la organización para el momento, es el actual documento constitutivo de la Unión Europea. Su redacción y discusión se producen en los albores de la mayor crisis económica después de la Segunda Guerra Mundial, y entra en vigencia el 1 de diciembre de 2009. Nunca en la historia había existido mayor controversia sobre el rol de la Unión Europea, y el destino de los países miembros bajo esta nueva forma de asociación.
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La primera referencia, en cuanto a considerar a los países de Europa como un grupo con circunstancias económicas comunes, se remonta al año 1948 con la creación de la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE), que posteriormente se convirtió en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cuando ingresaron Estados Unidos y Canadá. La OECE fue fundada por 15 naciones europeas, con el objetivo de distribuir los fondos del Plan Marshall.
Es importante recordar que el Plan Marshall consistió en un aporte importante de dinero otorgado por EE.UU. a los países de Europa, que estaban devastados a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, con la intención de que pudieran encaminarse hacia el desarrollo. Estados Unidos, por el contrario, se había beneficiado de la guerra y en esa época concentraba un 25% del PIB mundial con apenas el 7% de la población.
El Plan Marshall se comienza a concebir en la reunión de Bretton Woods (1944), donde la primera potencia se propone impulsar un nuevo orden económico mundial. En la misma fecha se crean el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), al tiempo que se establecen las normas para las relaciones comerciales y financieras mundiales. Además, otro de los grandes objetivos de la ayuda prestada a Europa, fue impedir el avance de las ideas comunistas de la Unión Soviética.
Posteriormente, en 1951, se asocian seis países europeos bajo la figura de la Comunidad Económica del Carbón y el Acero (CECA), y después, en 1957, los mismos promueven la creación del Mercado Común Europeo -que da origen a la Comunidad Económica Europea (CEE)-, así como la Comunidad Europea de Energía Atómica (Euratom o CEEA). Estos países fueron: Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, que son los considerados fundadores de la Unión Europea, a la cual se incorporó la CEE con el nombre de Comunidad Europea (CE).
La Unión Europea nace con el Tratado de Maastricht, firmado en Países Bajos el 7 de febrero de 1992, al que se anexaron los tratados ya existentes de la CE, CECA y Euratom, y que comenzó a regir el 1 de noviembre de 1993. Mediante este documento, que también se conoce como Tratado de la Unión Europea (TUE), se fijaban normas de fiel complimiento para todos los miembros de la UE. Dos años más tarde, en Madrid, se establece el uso del Euro como moneda de cuenta a partir de 1999, que después comienza a circular físicamente en 2002.
En la actualidad, el euro es la moneda que utilizan 19 de los 27 países de la UE, lo que da lugar a la denominada zona euro. Los integrantes de este grupo de 19, constituyen un órgano de la UE que se encarga de analizar las condiciones económicas de todos los miembros; su estructura está conformada por los Ministros de Finanzas de cada uno de los países, tienen un presidente, y hacen reuniones eventuales a las que asiste el Presidente del Banco Central Europeo (BCE).
Posteriormente, el Tratado de Maastricht sufre algunas leves revisiones ante el crecimiento de la organización, y es modificado por medio del Tratado de Ámsterdam que entra en vigor el 1 de mayo de 1999. Poco más tarde sí se producen cambios relevantes, con el que se conoce como Tratado de Niza, de fecha 14 de febrero de 2000. En este momento se introducen nuevos artículos relacionados con las votaciones, así como sobre temas de cooperación y seguridad. Algo importante de este Tratado es que se incluye, formando parte del mismo, la llamada Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
En el año 2003 se firma un proyecto en Roma, que consistía en una Constitución para toda la Unión Europea. Fue aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno en 2004, pero después se sometió a votación en el Parlamento en 2005 y tuvo muchas objeciones, por lo que se recomendó someterla a referéndum en los países miembros. No fue aceptada ni en Francia ni en Países Bajos y nunca se implementó.
El Tratado de Lisboa viene a ser como la Constitución que fue rechazada, con algunos leves ajustes. No se incluye en este documento la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aunque en el artículo 6 se menciona y se declara como vinculante, pero se refiere a una revisión de la misma firmada por el Jefe del Parlamento, el Presidente de la Comisión Europea y el Presidente del Consejo Europeo. Mediante este Tratado la UE adquiere personalidad jurídica, lo que quiere decir la potestad de firmar cualquier tipo de acuerdo en nombre de los Estados que representa.
En su preámbulo, además de mencionar los objetivos de cooperación, solidaridad e integración, así como los principios de democracia y el respeto a la diversidad y a los derechos fundamentales, se resalta que la Unión tiene la principal misión de hacer crecer las economías de los países miembros. Por otra parte, se eliminan las resoluciones contenidas en los Tratados de la CE, CECA y Euratom. Otros aspectos relevantes son:
Los partidarios de este Tratado alegan que los cambios han implicado mucha más democracia en la UE, puesto que el Parlamento, que es único poder que se elige por votación directa de los ciudadanos, ahora tiene mucho más atribuciones. Además de que se pueden recoger firmas para solicitar la discusión de alguna materia de interés para las colectividades.
Adicionalmente, por ejemplo en España, en los últimos años se han aprobado importantes leyes sociales que, en gran parte, se atribuyen a la gestión del Parlamento Europeo: Ley General sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2013); nuevo Plan Estatal de Vivienda (2018); Ley sobre los derechos de igualdad laboral entre hombres y mujeres eliminando la brecha salarial (2019); entre muchas otras.
Para el año 2020, según información de la Oficina del Parlamento Europeo en España, el 65% de las leyes aprobadas en el país fueron producto de lineamientos globales europeos. Entre ellas: incentivo para el uso de energía procedente de fuentes renovables, regulaciones sobre los gases de efecto invernadero y protección de los bosques. Entonces, las preguntas sobre cómo el Tratado de Lisboa ha influido en nuestras vidas, y si ha logrado sus objetivos, tendrían respuestas positivas.
También están los críticos, que surgieron incluso durante el proceso de aprobación del Tratado. Cuando los Jefes de Estado y de Gobierno llegaron a Lisboa para firmar el documento, se encontraron con 200.000 trabajadores protestando en las calles. Revisando el texto del acuerdo, por ejemplo, se lee en los artículos 86 y 87 que los servicios públicos deben estar sujetos a la libre competencia, lo cual es reflejo de una visión neoliberal.
Esto fue lo mismo que alegaron las personas que en muchas ciudades de Europa, incluyendo Madrid, salieron a reclamar. Además, el Tratado nunca fue sometido a referéndum y ni siquiera pasó a debate parlamentario. Por esta misma razón, también un grupo de eurodiputados alzó su voz en el Parlamento de Francia. Hasta Argentina protestó, ya que Las Malvinas fueron consideradas por la UE como parte del territorio del Reino Unido.
La gota que derramó el vaso fue cuando Ángela Merkel y Nicolas Sarkozy quisieron hacer una revisión del Tratado, para incluir cláusulas de castigo a los países que estuvieran insolventes; entre ellas, negarles el derecho al voto en cualquier instancia de la UE. Además, promovían insertar artículos que obligaran a los países a adoptar planes de estabilidad financiera a través del Banco Central Europeo y el FMI. Entonces les llamaron “chicago boys” y los acusaron de propiciar una purga social europea.
El Tratado no se revisó, pero en el año 2012 se aprobó un acuerdo llamado MEDE, estableciendo la condición de que, todo país en números rojos, debía acudir a la Comisión Europea para llegar a un acuerdo financiero donde participaría el BCE y el FMI. Producto de la gran crisis, la mayoría de los Estados con menos recursos estaban peligrosamente endeudados, especialmente con los bancos alemanes.
Sobre todo, Grecia, Irlanda y Portugal, vivieron la amarga experiencia de privatizar empresas, reducir gastos sociales y congelar los sueldos y pensiones, a consecuencia de las condiciones que imponen los programas de macro estabilización económica. De acuerdo a estas variables, la posición ante el Tratado sería bastante negativa.
Se podría concluir que el Tratado de Lisboa es un documento regido por los intereses financieros y de los grandes capitales, así como por el control que ejercen los Estados hegemónicos sobre los países satélites, pero también tiene aspectos positivos.