La Unión Europea establece el primer marco regulatorio global para la inteligencia artificial

El Parlamento Europeo ha dado un paso trascendental al aprobar la primera legislación mundial que regula el uso de la inteligencia artificial (IA), sentando un hito histórico en la era digital. Tras años de intensos debates y negociaciones, la Unión Europea ha logrado establecer un marco jurídico pionero que busca garantizar el desarrollo ético y responsable de esta tecnología transformadora.

En una votación celebrada el pasado miércoles, los legisladores europeos respaldaron abrumadoramente el acuerdo alcanzado en diciembre de 2022 entre las instituciones comunitarias. Con 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones, la Eurocámara dio luz verde a una normativa que entrará en vigor en 2026 y que regulará el uso de la IA en toda la Unión Europea.

Este hito legislativo ha sido calificado por altos funcionarios como un «referente mundial» que posicionará a Europa a la vanguardia de la regulación de la inteligencia artificial. El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, destacó que «Europa es ahora un referente mundial en inteligencia artificial», y aseguró que «estamos regulando lo menos posible, pero todo lo necesario».

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también aplaudió el acuerdo, señalando que «un marco pionero en Europa para la IA innovadora, con límites claros» beneficiará a los talentos europeos y «sentará las bases de una IA fiable en todo el mundo».

La normativa prohíbe la vigilancia masiva en espacios públicos, pero permite excepciones para las fuerzas del orden en casos de amenaza terrorista inminente.

La nueva normativa establece un enfoque equilibrado basado en el riesgo que la IA pueda representar para los ciudadanos. Se prohíbe el uso de esta tecnología en casos específicos, como la vigilancia masiva en espacios públicos, pero se permiten ciertas excepciones para las fuerzas del orden, siempre con autorización judicial y en situaciones de amenaza terrorista inminente o investigación de delitos graves.

Uno de los aspectos clave de la regulación es el establecimiento de obligaciones para los sistemas de inteligencia artificial generativa, como los utilizados por ChatGPT de OpenAI o Bard de Google. Estos sistemas deberán especificar cuando un texto, imagen o audio ha sido generado por IA y garantizar que los datos utilizados para su entrenamiento respetan los derechos de autor.

Además, se identifican una serie de sistemas de IA de alto riesgo que solo podrán comercializarse si sus desarrolladores garantizan el respeto a los derechos fundamentales. Entre ellos, se encuentran los sistemas que puedan influir en el resultado de elecciones o los utilizados por entidades financieras para evaluar la solvencia y calificación crediticia de clientes.

«Permitirá a los ciudadanos y empresas europeos utilizar la IA ‘made in Europe’ con seguridad y confianza»,

aseguró Breton, destacando que esta ley será:

«una plataforma de lanzamiento para que las nuevas empresas de la UE lideren la carrera mundial por una IA fiable».

Se crea la Oficina Europea de Inteligencia Artificial para coordinar el uso de esta tecnología y asesorar a las autoridades.

La norma también contempla la creación de la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, que coordinará el uso de esta tecnología entre las autoridades nacionales y contará con el asesoramiento de científicos y organizaciones civiles.

Aunque la legislación ha sido ampliamente celebrada, algunas voces críticas han expresado preocupaciones. La Organización Europea de Consumidores (BEUC) advirtió que «la legislación debería haber ido más lejos», mientras que el grupo de La Izquierda en la Eurocámara lamentó que se hayan hecho «excepciones por motivos de seguridad nacional» y se haya «extendido la alfombra roja a las grandes empresas tecnológicas».

No obstante, la aprobación de esta normativa pionera marca un hito histórico en la regulación de la inteligencia artificial y sienta las bases para un futuro en el que esta tecnología se desarrolle de manera responsable y ética, protegiendo los derechos de los ciudadanos y promoviendo la innovación.